Por: Henry Adolfo Peralta
Buriticá
Ing. Civil. Magister en Educación
- Univalle
Promotor para Colombia Campaña Mundial:
Desarrollando Ciudades Resilientes:
¡Mi ciudad se está preparando! de
UNISDR
“la gestión del riesgo no es una disciplina, no es un sector
ni una institución; es una estrategia de desarrollo: Gobernar es anticiparse”.
O.D.C, 2009
La ley 1523 del 24 de abril de
2012 por la cual se adopta la política pública de gestión de riesgos de
Colombia ha planteado nuevos retos y desafíos para integrar la gestión de los
riesgos en los procesos de planificación
del desarrollo del país: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y
manejo de desastres, tanto en el orden nacional, departamental como municipal. La
adopción de un nuevo marco de acción para la gestión global del riesgo de
desastres Post Hyogo 2015, como resultado la Tercera Conferencia Mundial de
Reducción del Riesgo de Desastres de la Organización de las Naciones Unidas
-ONU en Sendai – Japón, para nuestro país significa ratificar el compromiso con
la reducción del riesgo de desastres como prioridad para el desarrollo,
definido en el año 2005 con el Marco de Acción de Hyogo: Aumento de las
Naciones y Comunidades ante Desastres, promovido por la Estrategia Internacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres – EIRD de ONU, el cual, en la práctica se soporta con la aplicación de la
Ley 1523 de 2012. Retos como los de lograr una Colombia menos vulnerable y más
resiliente frente a los riesgos y desastres, es uno de las premisas de partida
para lograr la sostenibilidad ambiental y territorial de los municipios del
país.
Para llevar a la realidad la aplicación de la Ley 1523 como una política de desarrollo, es necesario que todos los actores sociales e institucionales del país: público, privado y comunitario, se encuentren dispuestos a desaprender, romper paradigmas y modelos mentales sobre la manera en como se ha venido manejando las temáticas de los riesgos, los desastres y el desarrollo, para conocer, pensar, sentir y actuar de manera diferente e integral en el territorio, mejorando la relación sociedad – naturaleza y sociedad – sociedad.
Para llevar a la realidad la aplicación de la Ley 1523 como una política de desarrollo, es necesario que todos los actores sociales e institucionales del país: público, privado y comunitario, se encuentren dispuestos a desaprender, romper paradigmas y modelos mentales sobre la manera en como se ha venido manejando las temáticas de los riesgos, los desastres y el desarrollo, para conocer, pensar, sentir y actuar de manera diferente e integral en el territorio, mejorando la relación sociedad – naturaleza y sociedad – sociedad.
Aunque con la promulgación de la
Ley 1523 de 2012 se han logrado establecer desde lo teórico una relación
integral entre riesgo-desastre y el desarrollo, en la práctica todavía se tiene
un camino muy largo y ancho por recorrer, en la comprensión de lo que significa
la gestión de los riesgos de desastres como una estrategia de desarrollo para país,
en la cual cada uno cada uno de los sectores:
público, privado y comunitario, son corresponsables de su aplicación. De todos
depende que se siga generando y/o acumulando el riesgo, o por el contrario que
se reduzca el riesgo con acciones prospectivas (no creando nuevos riesgos),
correctivas (interviniendo el riesgo existente), reactivas (preparándonos para
responder de manera efectiva y eficiente) y evolutivas (recuperándonos de manera
rápida y sostenible si se presenta un desastre) a partir del fortalecimiento de
capacidades socio-culturales, política – institucionales,
económico-productivas, ambientales (físico y naturales), es decir hacia el desarrollo de RESILIENCIA.
Es necesario llamar la atención sobre aspectos claves que
todos los sectores del país tanto público, privado y comunitario deben conocer,
como actores corresponsables del riesgo, para que articulen sus acciones,
procesos y misionalidades de manera coherente con la LEY 1523 de 2012, que más
allá de una obligación, se constituya en un oportunidad para integrar la
reducción del riesgo de desastres como parte fundamental de su proceso de
planificación dentro de sus agendas políticas, empresariales y comunitarias,
para garantizar la continuidad de los negocios, la protección de la vida y
bienes, así como la sostenibilidad de los territorios.
Para que la gestión de los
riesgos de desastres no se quede en un plan de papel o en digital es decir,
solo instrumentalizada en Planes territoriales de gestión del riesgo para
diferentes niveles de administración territorial, se hace necesario su
seguimiento y evaluación real de su aplicación. Para esto la Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres – UNISDR, ha puesto a
disposición de los gobiernos locales del mundo, una batería de indicadores
útiles para motivar el seguimiento y evaluación de la aplicación de la gestión
de los riesgos de desastres, definidos en diez esenciales, que se convierten
por sí solos en plataformas temáticas locales para establecer diálogos entre
todos los actores corresponsables del desarrollo y la reducción de los riesgos
en los territorios. Los gobiernos locales que hoy hacen uso de estos
indicadores en el marco de la Campaña Mundial: Desarrollando Ciudades
Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando! de UNISDR, han reconocido los vacíos
y los retos para lograr el desarrollo de resiliencia en sus territorios, los
cuales se han consolidado en planes de trabajo que se han llevado a la
realidad.
La difusión de la normatividad y
estrategias nacionales e internacionales de la reducción de riesgos de
desastres, cuya premisa fundamental es desarrollar, en lo local, las
capacidades y oportunidades de los individuos, conlleva al reto de insertarlas
y aplicarlas como un eje longitudinal en la construcción de municipalidades más
autónomas y resilientes, empresas más competitivas y comunidades menos
dependientes y con mayores capacidades.
La Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción de Riesgos - UNISDR apoya todos los procesos locales
municipales que contribuyan a aumentar el grado de conciencia y compromiso en
relación con las prácticas de desarrollo sostenible, como un camino para reducir
los riesgos de desastres e incrementar el bienestar y la seguridad de los
ciudadanos – invertir hoy para un mañana mejor – acciones que deben ser
implementadas en los espacios político administrativos sobre la base del
análisis y diseño de políticas públicas en lo local, que sean el camino de
reflexión y de diálogo en torno a los problemas del mal desarrollo que genera
riesgos.
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